
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
El oficialismo logra un acuerdo con la UCR y Pro para paliar la crisis judicial, mientras la senadora libertaria Florencia Arietto cuestiona la idoneidad de los nombramientos y denuncia irregularidades.
Noticias19/09/2024En una sesión maratónica, conducida por la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el Cuerpo aprobó 135 pliegos judiciales enviados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
En fecto, la Cámara Alta bnaerense aprobó 135 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales, en un intento por reducir el 25% de vacantes en el Poder Judicial1. De esta manera, los camaristas, jueces, fiscales, defensores oficiales y jueces de paz designados ocuparán sus cargos en los departamentos judiciales de La Plata, San Martín, Morón, Moreno-General Rodríguez, Avellaneda-Lanús, Merlo, Mercedes, Mar del Plata, Necochea, San Nicolás, San Isidro, Pergamino, La Matanza, Junín, Lomas de Zamora, Trenque Lauquen, Quilmes, Bahía Blanca y Azul.
POLÉMICA
El oficialismo, en colaboración con la UCR y Pro, logró avanzar sin inconvenientes hasta que la senadora libertaria Florencia Arietto tomó la palabra. Arietto criticó duramente el acuerdo, señalando la dificultad de encontrar fiscales en La Matanza para desalojar usurpaciones y denunciando la existencia de bandas que estafan y desalojan a ciudadanos. Además, cuestionó la idoneidad de Carlos Baccini, recientemente aprobado como fiscal general de Lomas de Zamora, vinculándolo con el senador Gustavo Soos y acusándolo de desmantelar fiscalías clave.
Las denuncias de Arietto incomodaron a varios senadores, incluyendo a Sergio Berni, quien desestimó sus argumentos. Por su parte, Soos defendió a Baccini, destacando su labor como docente y el proceso de elección de magistrados en la provincia.
El debate culminó con la intervención de Marcelo Daletto, quien minimizó las denuncias y subrayó la urgencia de cubrir las vacantes judiciales, que ascienden al 25% de los 2.645 magistrados en la provincia.
VACANTES
Durante el 2024, el Senado bonaerense aprobó un total de 181 pliegos judiciales. En mayo pasado, el Cuerpo avanzó en la designación de 46 magistrados, que se suman a los 135 que se designaron en esta ocasión.
Cuando empezó a funcionar la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en marzo pasado, la provincia de Buenos Aires contaba con 644 vacantes en el sistema judicial, de un total de 2645 magistrados.
Con la aprobación de los 135 pliegos, sumado a los 46 magistrados anteriores, el nivel de vacancia se redujo a 463, lo que representa una baja del 25 al 17%.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4, a cargo de la jueza Carolina Macarrein, resolvió un caso de alimentos en favor de dos hijos —uno con discapacidad y otro con celiaquía— estableciendo una cuota del 40% de los haberes del padre. Además, dispuso como medida simbólica la lectura de El Principito para promover reflexión sobre el cuidado y la responsabilidad afectiva.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.