| Información jurídica desde la perspectiva de la Abogacía |
La abogacía organziada vuelve a rechazar la iniciativa libertaria
Noticias14/10/2024
Alejandro Carranza
El gobierno paleolibertario de Javier Milei envío al Congreso de la Nación un proyecto de Ley tendiente a implementar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa, incorporándola a las actuales causales de disolución establecidas en el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación.
De esta manera el ataque a la seguridad jurídica y, con ello, la desprotección a los vulnerables se corporiza bajo el remanido argumento de la baja de costos y de reducir la sobrecarga judicial.
Es así, que ayer lunes 14 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que buscfa resoleve ren sede administartiva aquellos divorcios de común acuerdo so pretexto de celeridad, desconociendo el componente emocional que rodea este tipo de decisiones y las asimetrías de índole económica que existan en las parejas. Este contexto es el que el proceso judicial de divorcio busca gestionar trabajando en que el acuerdo sea lo más equitativo posible y contemplando toda la realidad familiar.
El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires - COLPROBA - realizó entrevistas a dos prestigiosas juristas como son Aída Kemelemajer de Carlucci y Marisa Herrera al respecto del divorcio administrativo, ambas juristas explicaron largamente las desventajas que supone el divorcio administrativo (/contenido/1209/lo-barato-sale-caro-una-conversacion-con-aida-kemelmajer-y-marisa-herrera-sobre-) y sintetizaron en la frase "lo barato sale caro" que tal proyecto finalmente se apruebe.
Al cierr de esta nota, ya la Federación Argentina de Colegios de Abogados - FACA -, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal - CPACF - volvieron a pronunciarse en contra de la iniciativa libertaria.
El documento releva las presentaciones formuladas, entre enero de 1995 y septiembre de 2024, por la Procuración General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; fue elaborada por la Dirección General de Derechos Humanos.
Reconocidos expertos y autoridades del sector compartirán sus perspectivas, ofreciendo una valiosa oportunidad para el intercambio de ideas y la actualización profesional en temas clave de la justicia.
Reconocidos expertos y autoridades del sector compartirán sus perspectivas, ofreciendo una valiosa oportunidad para el intercambio de ideas y la actualización profesional en temas clave de la justicia.
El magistrado continuará al frente del máximo tribunal, mientras que Carlos Rosenkrantz seguirá como vicepresidente. La Corte se encamina a un escenario complejo con la inminente salida de Juan Carlos Maqueda y la demora en los nombramientos de nuevos jueces.
El oficialismo logra un acuerdo con la UCR y Pro para paliar la crisis judicial, mientras la senadora libertaria Florencia Arietto cuestiona la idoneidad de los nombramientos y denuncia irregularidades.
La iniciativa responde a la necesidad de ofrecer un enfoque multidisciplinario en los procesos judiciales relacionados con derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en casos que involucran a personas con discapacidad
El Circulo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires rechazó el decreto de Milei que restringe el acceso a la información pública
La medida concitó gran rechazo entre distintas organizaciones periodísticas y presunciones de inconstitucionalidad.
La abogacía organziada vuelve a rechazar la iniciativa libertaria
El Consejo Directivo llamó a una sesión extraordinaria de carácter público para tratar el tema; será este viernes y se podrá seguir por el canal oficial de youtube. El CALP se suma así a las voces de rechazo al proyecto.
Reconocidos expertos y autoridades del sector compartirán sus perspectivas, ofreciendo una valiosa oportunidad para el intercambio de ideas y la actualización profesional en temas clave de la justicia.
El documento releva las presentaciones formuladas, entre enero de 1995 y septiembre de 2024, por la Procuración General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; fue elaborada por la Dirección General de Derechos Humanos.