Los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de fallecimiento en Argentina. En el primer trimestre 2022, según los informes de siniestralidad de Seguridad Vial, se reportaron 974 Víctimas Fatales, un promedio diario de 10,8, la mitad de los siniestros ocurren en rutas nacionales y por colisión, siendo la provincia de Buenos Aires quien lidera el Ranking.

La reparación de los daños producidos por accidentes de tránsito nos enfrenta a un problema hasta ahora sin solución: se resuelve mal y tarde en los Tribunales.

Las causas son múltiples: La disparidad de criterios jurisprudenciales y jurisdiccionales; el escaso monto de las indemnizaciones en concepto de reparación de la incapacidad sobreviniente y fallecimiento; la no utilización de fórmulas de matemática financiera para cumplir con el deber de “reparación plena”, que no deben ser opcionales para los jueces y la imperiosa necesidad de unificar las fórmulas para una mayor equidad a la hora de impartir justicia.
En nuestra provincia, en algún departamento judicial existe otra realidad y Junín es el ejemplo: por la aplicación de la fórmula hay una mayor firmeza en los fallos de primera instancia y llegan a Cámara de Apelación sólo cuestiones no relativas al valor indemnizatorio, asimismo ha habido una marcada disminución de litigiosidad, prevaleciendo el cierre con acuerdo en instancia de Mediación Prejudicial Obligatoria ( MPO)

Un capítulo puntual, es la exagerada demora en la solución de los reclamos, que suma mayores inconvenientes y conforme a que “la justicia que llega tarde no es justicia”, se torna ineficaz.

Esto genera, de manera asociada, la necesidad de que se autorice la actualización de los montos solicitados al momento de interposición de la demanda, a través de cualquiera de los métodos que la posibiliten.

Entendemos que el instituto de la Mediación ( un método no adversarial de resolución de conflictos), ya instalado desde hace 10 años en la provincia de Buenos Aires, puede ser un instrumento adecuado para superar los conflictos y evitar los costos que un largo proceso judicial supone. Pero para ello, hay que crear herramientas que faciliten al mediador alcanzar una solución.