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Ello si prospera un proyecto de los Consejeros Carlos Matterson y Diego Marías para que los/as aspirantes a magistrados/as nacionales y federales acrediten no estar registrados como deudores alimentarios.
Noticias03/08/2022
Alejandro Carranza
Así lo consigna el proyecto presentado por los consejeros Carlos Matterson y Diego Marías para modificar el Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de Magistrados/as del Poder Judicial de la Nación.
“La condición de deudor alimentario en los distintos registros provinciales resulta una violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y una forma de violencia económica, patrimonial y psicológica para con quien queda a cargo de sus hijos o hijas”, explicó Carlos Matterson, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Uno de los representantes de los abogados y abogadas del interior del país en la Magistratura Nacional agregó: “Es importante que este organismo adopte políticas públicas tendientes a eliminar la discriminación, las desigualdades de poder sobre los progenitores y promover medidas de deslegitimación de todo tipo de violencia”.
Recordemos que el deber alimentario de los progenitores para con sus hijos/as está regulado tanto en el Código Civil y Comercial de la Nación, como en diversos tratados internacionales.
“En otras jurisdicciones el certificado es excluyente para participar como postulante a integrar cualquiera de los tres poderes del Estado y en particular el Poder Judicial”, cerró Matterson.
La segunda edición de este informe elaborado por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes incluye datos estadísticos de los 24 poderes judiciales provinciales y de CABA.
Se trata del proyecto de Ley D-3320/24-25 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y que reduce del 10% al 5% en la sobretasa de acceso a la Justicia, destinada a la Caja de Previsión Social para Abogados. Votaron favorablemente libertarios y el kirchnerismo.
El proyecto pone en jaque los fondos solidarios que sostienen beneficios sociales para abogados. El CALP y la FEPUBA advirtieron sobre los riesgos para la profesión y pidieron participar del debate.
En nota dirigida a las autoridades del banco señalaron que "Esta demora desvirtúa el sistema legal de "pago en juicio" que contempla el art 277 de la Ley 20744, que fue concebido en tutela del crédito de la clase trabajadora."
El Decreto 971/2024 establece que las solicitudes ante la Administración Pública tendrán aprobación automática si no reciben respuesta en el plazo estipulado, excepto en áreas sensibles como salud, medio ambiente y servicios públicos. La medida comenzó el 1º de noviembre y apunta a acelerar gestiones en sectores no críticos.
El foro que reúne a todos los Consejos de la Magistratura de la República Argentina desarrolló actividades institucionales en las sedes de la SCBA y del Colegio de la Abo0gacía de La Plata.
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Mientras la conflictividad social se intensifica en Buenos Aires, la justicia enfrenta una acumulación récord de causas penales y civiles. A la falta de recursos y vacantes en el sistema judicial, se suma el retiro del Estado en áreas claves, lo que multiplica los desafíos en la provincia más poblada y diversa del país.
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