
Alberdi, la profesión y los desafíos de un tiempo de cambios
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Frente al proyecto de ley presentado recientemente por el Diputado Martín Tetaz sobre la regulación de un procedimiento administrativo sucesorio, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal reitera su oposición a cualquier reforma que desplace la función judicial en favor de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo.
Noticias03/05/2023 REDACCIÓNEl proyecto del mediático diputado de JxC, el economista Martín Tetaz sumó otro rechazo. En efecto el poderoso Colegio de la Abogacía de Capital Federal - CPACF -entidad presidida por Ricardo Gil Lavedra se unió a las voces de rechazo a la pretensión del diputado Tetaz para que sea el RENAPER (Registro Nacional de las Personas) quien emita una certificación de la calidad de herederos (Ver: /contenido/871/polemico-presentan-proyecto-de-sucesiones-administrativas).
Como se publicó oportunamnete en este medio, tanto la Federación Argentia de Colegios de Abogados - FACA - y el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires - COLPROBA - rechazaron en los mismos términos que el CPACF el proyecto antes mencionado basicamente por estar reñido con la constitución nacional.
El texto completo publicado por el CPACF
La potestad jurisdiccional es exclusiva de los jueces designados de acuerdo a la Constitución Nacional y de ningún modo puede ser sustituida.
La importancia del proceso sucesorio y de los derechos en juego deben estar garantizados mediante la máxima seguridad jurídica, que sólo los jueces pueden otorgar.
Exhortamos a las autoridades legislativas para que no progrese el tratamiento del proyecto 1762-D-2023.
Conforme es su obligación, el CPACF seguirá defendiendo las incumbencias de las abogadas y los abogados.
La polémica por la conducta del juez civil Carlos Goggi vuelve a poner en el centro del debate la defensa de la dignidad profesional de los abogados y la vigencia de la Ley de Honorarios (27.423). Las entidades de la abogacía remarcan que no está en discusión la independencia judicial, sino la obligación de respetar la ley y los precedentes.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
El tribunal interamericano afirmó que el cuidado constituye un derecho humano autónomo, con tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Los Estados deben garantizarlo de manera progresiva y con enfoque de igualdad.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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