
Durante la feria judicial de julio de 2025, la OVD atendió a 627 personas
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
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La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumple su 14º aniversario con un promedio acumulado de más de una denuncia por hora, incluyendo fines de semana y feriados
Noticias16/09/2022La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), a cargo de la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumplió ayer, 15 de septiembre, 14 años de existencia, lo que representa un período de trabajo ininterrumpido de 5.110 días en los que recibió un promedio de 26 denuncias diarias de violencia familiar.
Más de 134.000 personas denunciaron hechos de violencia doméstica durante el período en cuestión. Las principales afectadas fueron las mujeres adultas (58%), y niñas, niños y adolescentes (29%). Los varones adultos, en tanto, representaron el 7% del total de afectados y el 6% restante correspondió a personas mayores.
En estos 14 años, la OVD respondió, además, 72.284 consultas informativas, canalizadas en su sede de Lavalle 1250, planta baja, de la Ciudad de Buenos Aires, que permanece abierta las 24 horas, los 365 días del año.
PERSONAS AFECTADAS
En el acumulado histórico, el 11 % de las personas afectadas realizó más de una denuncia en la OVD; el 5% concurrió a denunciar un primer episodio de violencia, mientras que el 49% denunció hechos de frecuencia diaria o semanal.
El 40% de las personas afectadas cohabitaba con las personas denunciadas. El vínculo de expareja y pareja fue el más frecuente (con un acumulado del 57% sobre el total, correspondiendo un 31% al primer grupo y un 26% al segundo), seguido por el vínculo de tipo filial (30%). El 3% tenía un vínculo fraternal con la persona denunciada, otro tanto era familiar hasta 4° grado de parentesco, mientras que el 7% correspondía a otros vínculos.
Los equipos interdisciplinarios evaluaron el riesgo de las personas afectadas como alto y altísimo en el 41% de los casos, medio y moderado en el 47%, y bajo en el 12%.
La OVD derivó las denuncias recibidas a la justicia civil (98% de los casos) y a la penal (73%). También dio intervención a los servicios de salud (36%), al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (31%) y a la Dirección General de la Mujer del gobierno porteño (27%).
Las 24 horas, los 365 días del año, la OVD recibe denuncias y brinda información vinculada con la problemática de la violencia doméstica en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la trata de personas con fines de explotación sexual y/o explotación de la prostitución en el país.
Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.
Advierten que la implementación de la ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial) vulnera principios constitucionales como el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 CPBA), carece de eficacia demostrable y podría generar litigiosidad adicional, dilatando y encareciendo los procesos judiciales. Proponen fortalecer la conciliación voluntaria y crear nuevos tribunales.
La Suprema Corte puso en marcha un plan para crear defensorías y asesorías tutelares en los Juzgados de Paz, cumpliendo con una sentencia clave que ordena garantizar el acceso a derechos en todo el territorio provincial.
En un encuentro histórico en República Dominicana, representantes de 23 naciones adoptan la Declaración de Santo Domingo, que promueve una justicia inclusiva, transparente y adaptada a las necesidades de la ciudadanía, destacando la importancia de la tecnología y la defensa de los derechos humanos en el ámbito judicial.
Una denuncia por abuso sexual entre adolescentes, marcada por el stealthing y el hostigamiento escolar, derivó en un inédito proceso de justicia restaurativa en La Plata. Sin juicio ni condena penal, el enfoque apuntó a la asunción de responsabilidad, la reparación del daño y la prevención de nuevas violencias.
Un fallo del Juzgado de Familia N° 11 de Viedma dispuso una medida inédita: condicionar la entrada al país del progenitor hasta que pague más de cuatro millones de pesos de deuda alimentaria. La jueza Paula Fredes fundamentó la decisión en la necesidad de proteger derechos de niñez y de evitar violencia económica contra la madre.
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Se ordenaron cerca de mil medidas preventivas urgentes.